La Ley del Libro, aprobada en el 2003, requiere ajustes para que la aplicación de algunos beneficios tributarios sea más eficiente. Pero eliminar la exoneración del pago del IGV al consumidor tendría un efectivo negativo en las editoriales más pequeñas.

Eliminar los beneficios tributarios de la Ley del Libroaumentaría los costos y reduciría la oferta literaria de un sector de la industria editorial que todavía no está consolidado. Sin embargo, la ley sí requiere ajustes para generar un mayor impacto en la promoción de la lectura: los peruanos leen 3.3 libros al año, según un estudio sobre hábitos de lectoría en el Perú realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP en el 2015.

La norma, promulgada en el 2003, tiene el objetivo de promover la lectura, pero la evidencia recogida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) demuestra que los principales beneficiados son las empresas que venden textos escolares y libros de formación técnica. Fue prorrogada por el Congreso el año pasado y estará vigente hasta el próximo 11 de octubre. Así, hay una oportunidad para discutir y aprobar una nueva norma que promueva la lectura.

El presidente Martín Vizcarra y el nuevo ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, destacaron en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) este jueves 18 que es urgente la aprobación de una nueva Ley del Libro. Existe una proyecto de ley desarrollado por el Ministerio de Cultura  y los actores del sector en el 2017, pero que aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros para ser enviado al Congreso. “Debe ser presentado y aprobado, dios mediante, este año”, dijo Castillo.

“Lo importante es que leamos más y los libros sean más accesibles. El MEF tiene que ver qué disposiciones ayudan a esto y establecer con claridad si se está ayudando a ese objetivo o a veces son beneficios que se quedan más en la gran industria que en la lectoría”, explicó hace unos días el premier Salvador del Solar en RPP. El Estado, sin considerar la exoneración del IGV en el mercado interno, tuvo un costo fiscal de S/63 millones en el 2017.

UN ECOSISTEMA EN CONSTRUCCIÓN

“El ecosistema del libro era el de una ciudad devastada. Era un sistema con poca producción y estábamos en un lugar muy marginal en la región”, recuerda el poeta Jerónimo Pimentel, director editorial de Penguim Random House en el Perú, la editorial líder del mercado. 

A más de diez años de su promulgación, la Ley del Libro contribuyó a construir un ecosistema cuyo desarrollo aún es incipiente. Los agentes editores que registraron obras eran 368 en el 2003, pero comenzó a incrementarse hasta pegar un salto significativo entre el 2007 y el 2008. En el 2016 se registraron 994 agentes, según la Biblioteca Nacional de Perú (BNP).

Han crecido los agentes editores, pero también el registro de títulos nuevos y reediciones: se están produciendo cada vez más contenidos. En el 2003 se registraron 1,944 títulos nuevos, pero en el 2016 se llegó a los 5,834 títulos, de acuerdo con la BNP. La oferta es mayor, la demanda también, a juzgar por las cifras. “Atentar contra la condición que ha permitido este crecimiento es impedir que esto pase al siguiente nivel”, dice Pimentel.

“Que se produzcan más libros en el país solamente implica algo: que hay más lectores. A menos que estemos pensando que en estos 16 años lo que se ha logrado es que el sector editorial esté produciendo más libros simplemente porque le da el gusto de hacerlo. Y no es así, es un negocio”, remarca Pedro Villa, director de Contenidos y Relaciones Institucionales de la Cámara Peruana del Libro (CPL).

En cuanto a ventas, la CPL no dispone de cifras más allá lo que se reporta en la FIL: entre el 2015 y el 2018 las ventas subieron de S/13 millones a S/19 millones. La editorial Planeta, la más grande después de Penguim Random House, anotó un 30% de crecimiento en sus ventas el año pasado. En el 2017 el incremento fue del 21%. “Es un negocio bello pero pobre, de márgenes pequeños, porque los volúmenes de venta en países como el nuestro son chicos”, afirma María Fernanda Castillo, gerente editorial del Grupo Planeta en el Perú.

Un estudio del economista Carlos Casas, profesor de la Universidad del Pacífico, remarca que el incremento de las importaciones tiene como origen una mayor demanda en el Perú: éstas subieron de S/176 millones a S/268 millones entre el 2010 y el 2015. Sin embargo, la cantidad de hogares que tuvieron como fuente de adquisición de libros la compra de los mismos no ha crecido de manera sostenida.

A pesar de estas cifras, Caroline Gibu, directora ejecutiva de la ONG Ciudadanos al Día, considera que es necesario generar nuevos mecanismos para medir el impacto real de los beneficios tributarios, más allá de los datos que maneja el sector. “El impacto social y económico debe medirse por otros indicadores adicionales y la actual Ley del Libro no es muy clara sobre cómo se va a levantar esa información”, comenta.

LAS OBSERVACIONES DEL MEF

La Ley del Libro contiene siete beneficios tributarios, pero el foco de este análisis está en tres: el reintegro tributario, el crédito tributario por reinversión y la exoneración de IGV a la importación y/o venta de libros.

El  reintegro tributario permite que el Estado devuelva a las editoriales el IGV pagado por la compra de bienes de capital, materias prima e insumos para proyectos editoriales. En tanto, el crédito tributario por reinversión permite que la editorial reinvierta parte de sus utilidades para reducir el pago del impuesto a la renta.

El MEF está evaluando los beneficios tributarios de la Ley del Libroy otras normas, por lo que sus funcionarios todavía no emitirán una opinión al respecto. Sin embargo, el ministerio ha sentado su posición en opiniones remitidas al Congreso, donde en el último año se han evaluado diferentes iniciativas legislativas en torno al sector. Para el MEF es necesario revisar el reintegro tributario, ya que es utilizado principalmente por empresas dedicadas a la producción de textos escolares.

Según el diagnóstico del ministerio, los libros de texto escolar tienen una demanda inelástica, de modo que los padres continuarían adquiriéndolos independientemente del precio. “Los costos de impresión por libro no superan los S/10, mientras que el precio unitario sugerido y reportado por las editoriales es de S/40; sin embargo, el precio promedio de venta al público podría ser significativamente mayor”, señala en un informe.

Para el tributarista Walker Villanueva, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, no sería conveniente eliminar el reintegro tributario para los libros técnico-escolares, pues tienen un fin pedagógico y facilitan el aprendizaje. “Santillana, Norma, Corefo y SM son las cuatro grandes y la incidencia va al costo del proceso educativo. El aumento del precio tiene que ver más con el incremento de la canasta familiar. Va a ser un impacto mucho más social, profundo y lamentable”, complementa Guillermo Rivas, gerente general de la librería Book Vivant.

Los libros de textos escolares y técnicos constituyen un mercado diferente al de libros como novelas o poemarios, en el que el reintegro tributario permite que no se traslade un mayor costo de producción al consumidor. “Hay determinadas compras que tienen IGV. Si no hay reintegro, ese IGV vinculado a la producción se tiene que trasladar como parte del costo del producto”, explica Villanueva.

Villa, de la CPL, sostiene que el reintegro tributario es utilizado por grandes empresas porque “solamente las facturas de cierto monto pueden acceder al reintegro de IGV. Esto impidió a una gran cantidad de editoriales mypes beneficiarse del reintegro tributario”. Para Pimentel es necesario que la nueva legislación permita que los actores más pequeños puedan aplicar al beneficio.

El MEF también le ha puesto el ojo al crédito a la reinversión.En el 2017, 35 empresas se acogieron a dicho beneficio por un total de S/7.9 millones. De ese monto, el 85% está concentrado en dos empresas, una de las cuales se dedica a la enseñanza de la moda. Menos del 8% del beneficio corresponde a empresas dedicadas a la edición de libros en general. Para Villanueva, del PPU, el beneficio no está justificado, pues les permite reducir la tasa efectiva de la renta que le pagan al Estado.

El MEF también ha analizado la exoneración del IGV para la importación de libros.El 44% de los libros importados son para el público en general, mientras que el resto son libros vinculados a la religión, la enseñanza del idioma inglés, textos escolares y técnico-universitarios. Para Villa, eliminar este beneficio provocaría que las editoriales importen más libros de corte comercial.

El gobierno detectó en su análisis casos de empresas vendedoras de cosméticos que acceden a esta exoneración, cuyas importaciones apuntan a la generación de ventas o marketing. “La ley pone restricciones a catálogos y se sanciona el mal uso. Ha habido casos denunciados y han sido penalizados, pero son mínimos”, precisa Villa.

Para las editoriales independientes es más fácil importar libros porque no deben pagarle a la Sunat el IGV por adelantado para retirarlos de aduanas. Sin la exoneración, las tareas tributarias se volverían más complejas. “Se necesitaría mayor andamiaje administrativo. Estamos hablando de empresas de cinco, diez o quince personas”, dice Rivas, de Book Vivant.

IGV AL CONSUMIDOR: ALERTA EN EL SECTOR

Los informes del MEF no han concluido cuál ha sido el impacto de la exoneración del IGV a la venta de libros en el mercado local.Las evaluaciones con Sunat continúan. Sin embargo no renovarlo en los próximos meses afectaría la demanda de los libros que se compran para satisfacer una necesidad cultural. Al no ser productos de la canasta básica (como textos escolares), serían altamente susceptibles a un alza de precios.

Las más afectadas serían las pequeñas editoriales que han comenzado a surgir en años recientes, pues la obligación de reportar lo recaudado por IGV mensualmente a la Sunat incrementaría sus costos. Las grandes resistirían el golpe pero tendrían que reducir sus inventarios y se volverían aún más selectivos al elegir los autores a publicar, lo que traería una reducción de catálogos y diversidad de la oferta. “Los libros se van a encarecer y se va a reducir la oferta”, advierte Pimentel.

María Fernanda Castillo, de Planeta, cuenta que la editorial asume todos los costos de publicar un libro: distribución, promoción, impresión y edición. En él trabajan por lo menos dos editores, un corrector, un revisor técnico, un diagramador y un artista de portada.Del precio de venta al público, entre el 35% y el 43% va para las librerías, mientras que el 10% se lo lleva el autor. Planeta tiene alrededor de 200 novedades este año y el catálogo viene creciendo entre 30% y 40% en el 2015, señala Castillo. Para la editorial, la reducción de la demanda traería como consecuencia una reducción de inventarios para disminuir los costos. De esta manera, imprimirían menos ejemplares y lanzarían menos títulos. “La posibilidad de que un autor publique se limita, la selección va a ser mucho más dura”, agrega.

La situación se agravaría aún más con el impacto en las mipymes editoriales. Es el caso de Colmillo Blanco, una editorial independiente que volvió al mercado en el 2017. En ella trabajan dos editores que contratan por proyecto al diagramador y a los ilustradores de portada. Desde su retorno, la editorial ha publicado ocho títulos. “Uno no crea editorial independiente en este país para hacerse millonario. Tendríamos que subirle el precio a los libros y solamente así podríamos mantener a la editorial”, subraya Angela Arce, editora de Colmillo Blanco, a SEMANAeconómica. La firma dispone de una contadora para asesorarlos en los pagos de impuesto a la renta. Otro problema para las pequeñas editoriales es el tiempo que demoran las librerías en pagar. “Una librería no tiene los pagos inmediatos cuando se factura. Son a 60, 90 e incluso 120 días”, explica Villa.

De otro lado, el incremento de los precios provocaría que los lectores acudan a canales informales, según la CPL. Las librerías serían afectadas por un posible incremento de la piratería. El margen de ganancia de una librería es del 7% u 8% antes de impuestos, según Guillermo Rivas, de Book Vivant. Su librería está situada en San Isidro y apunta a un público con mayor poder adquisitivo, de modo que no espera un impacto muy significativo en las ventas de eliminarse la exoneración del IGV que paga el consumidor. Sin embargo, advirtió que en otros segmentos sí habría una reducción de ventas.

Finalmente, hacen falta más bibliotecas públicas y una política de compra de libros más agresiva desde el Estado —el propio MEF lo reconoce en su informe— , como reportó SEMANAeconómica del año pasado. Una nueva legislación sería la oportunidad para que los actores relacionados al libro y el Estado acerquen sus posiciones. El diseño de un sistema tributario eficiente y la preocupación por ordenar la caja fiscal es un objetivo que no está reñido con promover la lectura y conservar los avances que el sector editorial ha logrado hasta hoy.

Fuente: Semana Economica https://bit.ly/2JVN9ff